Sobre falsos testigos y acusaciones

Rafael Nieto Loaiza | Publicado el 19 de junio de 2011

Sobre dos derechos se edifican todos los demás: la vida y la libertad. La privación de la libertad, por tanto, debe ser siempre resultado de un juicio justo y una medida excepcionalísima. Por eso los derechos humanos tienen tres principios fundamentales en materia penal: el de la presunción de inocencia, el de que cualquier duda se resuelve a favor del reo y el de la no retroactividad.

La no retroactividad busca proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad del Estado y que sepan de antemano cuáles conductas están prohibidas y se castigan con prisión. Resolver cualquier duda a favor del reo pretende obligar al Estado a tener certeza absoluta de la culpabilidad del acusado para poder condenarlo. La presunción de inocencia supone que los ciudadanos obran de buena fe y conforme a lo que la ley ordena y que, en consecuencia, hay que probar en un juicio con plenas garantías que el ciudadano violó la ley penal.

Pues bien, desde hace unos años para acá la administración de justicia viene haciendo añicos estos principios. A Arias Cabrales y a Plazas Vega los condenaron por desaparición forzada, que no existía en el momento de los hechos. A cuatro exfuncionarios del Ministerio de Agricultura los detienen por haber participado en la celebración de un convenio directo con el IICA, aunque decenas de convenios similares se celebraron con la misma entidad en gobiernos anteriores y el actual Ministro celebró uno igual, también sin licitación, con la Universidad Nacional (¿acaso es delito hacerlo con el IICA y no con la Nacional? ¿No será que los persiguen porque este convenio en particular se celebró en el gobierno de Uribe?). Al exministro Arias le imputan cargos similares.

Y a Nancy Patricia Gutiérrez la privan de la libertad por pedir, en ejercicio de sus facultades como parlamentaria y de manera pública y oficial, información sobre los viajes de Piedad Córdoba al exterior. ¿El delito? Ni idea. O sí: haber indagado sobre las actividades de Teodora o haber sido cercana al expresidente Uribe. En los tiempos que corren esas son actividades criminales.

Ahora sabemos también que a Plazas Vega lo condenaron con base en un testigo falso. En columnas previas dije que era un horror que la prueba "reina" de ese proceso fuera el supuesto testimonio de un exsuboficial, de quien no coincidían ni el nombre, ni la cédula, ni la firma, ni los datos de sus antecedentes. Y cuyo supuesto testimonio fue recibido sin haber sido programado y en el marco de una actuación distinta y que, además, no pudo ser contrainterrogado porque la Fiscal, cosa curiosa, nunca más pudo dar con su paradero. Y lo que decía no era verdad, porque no fue cierto que durante la toma del Palacio el Ejército hubiera movilizado tropas en helicóptero desde Villavicencio. De hecho, las Fuerzas Militares no tenían entonces helicópteros como aquel en que el supuesto testigo habría sido transportado.

Ahora sabemos que el suboficial nunca rindió tal testimonio. El exmilitar, de apellido Villamizar, dio la cara en la Procuraduría para decir que nunca testificó y que absolutamente todo lo que dice la Fiscal que él dijo, era mentira. A Plazas Vega deberían liberarlo de inmediato. Y quizás deberían reemplazarlo con la Fiscal del caso.

Fuente: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sobre_falsos_testigos_y_acusaciones/sobre_falsos_testigos_y_acusaciones.asp